La Cartera de Justicia realizó una jornada de monitoreo en el Centro Educativo de Ciudad del Este. Durante la visita, se mantuvieron entrevistas confidenciales con 18 Adolescentes en conflicto con la Ley Penal con el fin de canalizar las quejas y solicitudes, en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional de fortalecer la protección y el cumplimiento del acceso a los Derechos Humanos.Para el efecto, funcionarios de la Dirección General de Derechos Humanos dependiente del Viceministerio de Justicia realizaron un recorrido por las instalaciones del centro y abordaron las encuestas de contacto abierto con los adolescentes menores de 18 años, a partir de un instrumento que fuere elaborado mediante la cooperación técnica de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Paraguay y aprobado por Resolución Ministerial N° 93/23.

El nuevo director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur Remo Carlotto, fue recibido por el director de Gabinete del Ministerio de Justicia Raúl Vera, el director general de DD. HH. Rafael Escobar y la directora de Asuntos Internacionales en DD. HH. Lujan Ruiz Díaz del Viceministerio de Justicia, para dialogar sobre la articulación de políticas públicas en el marco de la Red de DD. HH. del Poder Ejecutivo. Para el visitante Remo que está dando inicio a su mandato en la función, el diálogo fue oportuno y primordial para presentar los lineamientos estratégicos de su gestión en los próximos dos años, en atención a que el Ministerio de Justicia junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores son los principales interlocutores gubernamentales de Estado en el marco de la reunión de altas autoridades de Derechos Humanos del Mercorsur (RAADH) durante la presidencia pro tempore del Mercosur, que corresponde al país. Al término de la reunión, Carlotto fue abordado en entrevista y manifestó: “Nosotros tenemos hoy un tema central para analizar, cuales fueron las consecuencias de la pandemia y cómo construimos una agenda en la post pandemia que nos ha dejado en una situación de profundización de las desigualdades y las asimetrías en nuestras sociedades que tienen consecuencias de carácter social, y, por ende, están vinculadas a pérdida de garantía de derechos por parte de sectores importantes de la población, fundamentalmente los niños, niñas, adolescentes y las personas mayores”.Declaró también que hay una multiplicidad de temas que son parte de la agenda en la que tiene mandato el IPPDH del Mercosur, que se hace necesario compartir y analizarlos. Cobran importancia la capacitación a los agentes públicos, la situación de los afrodescendientes, de los migrantes y los niños migrantes, así como avanzar sobre la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad (PPL). “Nosotros decimos que los DD. HH. es un camino que se debe recorrer para hacer que los Estados sean plenos garantes de los derechos, y esto requiere que existan políticas preventivas y sancionatorias, pero que exista fundamentalmente la capacitación y la formación de los agentes públicos para que los actos violatorios de los DD. HH. por parte de los Estados no se repitan. A más de esto, garantizar la no repetición es parte de un ejercicio fundamental en la construcción de la democracia, y por eso para nosotros de democracia, DD.HH. y la construcción de la paz son parte de la agenda nodal que estamos proponiendo en el proceso de integración”, aseveró Remo Carlotto.

Durante la reunión virtual de coordinadores Nacionales de los Estados de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) fue socializado el Plan de Trabajo de la línea de Acceso a la Justicia, Servicios a la población y Derechos Humanos durante la pandemia del COVID -19. Por el Ministerio de Justicia participaron la Directora General de DDHH, Romina Paiva Godoy y la Directora de Acceso a la Justicia, María Eugenia Argaña. El plan socializado busca generar un entorno de cooperación jurídica internacional que permita identificar y transferir buenas prácticas entre los equipos técnicos de cada país, para mejorar la calidad de los servicios brindados por los Estados en la región iberoamericana. Una vez implementado se podrá elaborar un material que abarque recomendaciones de políticas públicas que ayuden a fortalecer el acceso a la justicia y garantizar los derechos humanos, teniendo en cuenta la crisis sanitaria por la cual se atraviesa debido al COVID-19. El Ministerio de Justicia mantiene un intercambio frecuente con los países miembros, en atención a que la COMJIB es el organismo internacional que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 21 países de la Comunidad Iberoamericana, que tiene por objeto el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros. La reunión contó con la participación de representantes técnicos de España, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, entre otros.